Aquella mañana del domingo 17 de agosto de 1930, los camareros del Hotel de Londres y de Inglaterra, en el paseo de la Concha de San Sebastián, no le dieron mayor importancia al grupo de caballeros bien vestidos que ocupaba uno de los salones. Trajes de verano, sombreros, aire de negocios. Nada que llamara la atención en una ciudad acostumbrada a recibir aristócratas, embajadores y hasta a la propia familia real. Lo que aquellos hombres estaban a punto de acordar, sin embargo, iba a terminar por completo con el mundo que los rodeaba.
No hablaban de negocios. Hablaban de derrocar al rey.
Una ciudad monárquica como escondite perfecto
San Sebastián no era un lugar cualquiera para tramar una conspiración contra la Corona. Desde 1886 la ciudad guipuzcoana acogía cada verano a la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, que convirtió sus playas en la corte estival de la dinastía. Detrás de ella llegaron duques, marqueses y banqueros, que levantaron palacetes de aire afrancesado alrededor de la bahía de la Concha. Cuarenta y cuatro años después, en 1930, esa misma ciudad seguía siendo territorio de veraneo del rey Alfonso XIII, que solía instalarse en el cercano Palacio de Miramar.
Precisamente por eso resultaba un sitio tan discreto. Nadie esperaba encontrar una conjura republicana en el salón de un hotel de lujo frecuentado por la aristocracia. Pero España llevaba meses en plena descomposición política. El general Miguel Primo de Rivera, que había gobernado con mano de hierro desde 1923 con el respaldo del rey, había dimitido en enero de ese mismo año, enfermo y sin apoyos, y moriría semanas después en París. Su sucesor, el general Dámaso Berenguer, intentaba encauzar el país de vuelta hacia una normalidad constitucional que ya casi nadie creía posible con Alfonso XIII en el trono. El monarca cargaba con el desgaste de haber avalado siete años de dictadura, y buena parte de la sociedad española empezaba a verlo como parte del problema, no de la solución.
Del salón del hotel al casino de la calle Garibay
La reunión, convocada por la Alianza Republicana, había empezado a media mañana en el Hotel de Londres. Pero el recelo a las miradas indiscretas —y probablemente a la vigilancia policial, todavía activa pese a la caída de Primo de Rivera— llevó a los asistentes a trasladarse al domicilio de la Unión Republicana, en el número 4 de la calle Garibay, un casino republicano bastante más discreto que anfitrionaba Fernando Sasiain, quien acabaría presidiendo el encuentro.
Republicanos, catalanistas y un socialista que fue por su cuenta
Al encuentro acudieron nombres que, en los meses siguientes, ocuparían las portadas de toda España. Por Alianza Republicana estaban Alejandro Lerroux, el viejo líder del Partido Republicano Radical al que apodaban «el Emperador del Paralelo» por su arraigo en el barrio obrero barcelonés, y Manuel Azaña, entonces al frente de un pequeño grupo llamado Acción Republicana que pocos años después lo llevaría a la presidencia del Gobierno. Junto a ellos, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, del Partido Radical-Socialista, y dos figuras que venían de la propia derecha monárquica y habían roto con ella: Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, hijo este último del que había sido varias veces ministro con Alfonso XIII, Antonio Maura.
Cataluña tuvo una representación destacada, con Manuel Carrasco Formiguera y Jaume Aiguader por Acció Catalana, y con Santiago Casares Quiroga, que hablaba en nombre de la recién creada Organización Republicana Gallega Autónoma. A título estrictamente personal, sin representar a ningún partido, asistió también Indalecio Prieto, dirigente socialista que se comprometió a trasladar los acuerdos a su formación. El médico y ensayista Gregorio Marañón no pudo llegar desde Francia, pero envió una carta de adhesión que se leyó ante los presentes.
Era, en definitiva, un mosaico de sensibilidades que rara vez se sentaban juntas: radicales de toda la vida, reformistas jóvenes, católicos liberales recién desengañados de la monarquía y nacionalistas catalanes y gallegos. Lo único que los unía era el convencimiento de que Alfonso XIII tenía que dejar el trono.
Un acuerdo que nadie quiso firmar
Lo más llamativo del Pacto de San Sebastián es que, en sentido estricto, nunca existió como documento. No se firmó papel alguno ni se redactó un texto oficial que recogiera los compromisos adquiridos. Miguel Maura lo definió después con una frase que resume bien el espíritu de la reunión: fue un «pacto de caballeros», un acuerdo verbal entre hombres que se fiaban de su palabra más que de ninguna rúbrica.
Sobre el papel, el punto que más discusión generó no fue la forma de derribar la monarquía, sino qué hacer con Cataluña. Los representantes catalanes plantearon sin rodeos lo que llamaban «la realidad viva del problema catalán», y el resto de asistentes terminó aceptando que, una vez proclamada la República, Cataluña pudiera redactar libremente su propio estatuto de autonomía, que sería sometido a referéndum popular y después aprobado por unas futuras Cortes Constituyentes. Fue la intervención de Casares Quiroga la que amplió ese mismo compromiso a Galicia, y por extensión también se contempló para el País Vasco, dentro de una España que los reunidos imaginaban con un fuerte componente federal.
Dos meses más tarde, en octubre de 1930, el pacto se reforzó de manera decisiva cuando el PSOE y su sindicato, la UGT, se sumaron formalmente al acuerdo en una reunión celebrada en Madrid. A partir de ese momento, la alianza republicano-socialista dejó de ser un proyecto de salón y empezó a convertirse en una maquinaria política capaz de disputarle el poder a la Corona.
De la conspiración de despacho al fracaso de Jaca
Los firmantes —aunque nada firmaran— no se conformaron con esperar a que la monarquía cayera por su propio peso. En diciembre de 1930 constituyeron un comité revolucionario, con Alcalá-Zamora a la cabeza, encargado de preparar un levantamiento que combinara un pronunciamiento militar con una huelga general en las principales ciudades. El plan estaba fijado para mediados de diciembre, coordinado entre distintas guarniciones del país.
La guarnición de Jaca, en Huesca, se adelantó tres días al calendario previsto. El 12 de diciembre de 1930, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevaron al frente de sus tropas y proclamaron la República en la ciudad oscense, sin coordinación con el resto del movimiento. El alzamiento fue sofocado en apenas dos días. Galán y García Hernández fueron juzgados en consejo de guerra sumarísimo y fusilados el 14 de diciembre, convertidos casi de inmediato en mártires de la causa republicana. Los principales firmantes del pacto, entre ellos Alcalá-Zamora y Maura, fueron detenidos y procesados por su implicación en la conspiración, aunque el juicio, celebrado ya en la primavera de 1931, se convirtió en una tribuna política que jugó a su favor más que en su contra.
Ocho meses después, la monarquía se fue sin un disparo
Lo que no consiguió la insurrección armada lo lograron las urnas. El Gobierno de Berenguer, incapaz de encauzar la crisis, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, pensadas como un primer paso hacia la normalidad constitucional. El resultado se interpretó como un plebiscito sobre la monarquía: las candidaturas republicano-socialistas arrasaron en la práctica totalidad de las capitales de provincia, aunque los monárquicos ganaran en el cómputo global de concejales gracias al voto rural.
Bastó esa lectura simbólica. Dos días después, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República Española entre multitudes que se echaron a las calles de Madrid y de buena parte del país. Alfonso XIII, aconsejado por sus propios generales de que ya no podía garantizar el orden público, abandonó España esa misma noche rumbo al exilio sin firmar una abdicación formal ni provocar un solo enfrentamiento armado. El comité revolucionario nacido del pacto de San Sebastián se transformó, prácticamente sin transición, en el primer Gobierno provisional de la República, con Alcalá-Zamora como presidente y Miguel Maura como ministro de la Gobernación.
Lo que hace especialmente llamativo el Pacto de San Sebastián, visto con perspectiva, es lo poco que se pareció su desenlace a lo planeado aquella mañana de agosto. Los firmantes habían diseñado una insurrección militar y una huelga general, el guion clásico de tantos pronunciamientos del siglo XIX español. Ese plan fracasó en Jaca con dos fusilamientos que pesaron como una losa sobre el nuevo régimen desde su primer día. La caída real de la monarquía llegó por una vía que nadie había previsto en el salón del Hotel de Londres: unas elecciones municipales pensadas para otra cosa, convertidas por la calle en un referéndum improvisado. El pacto de caballeros sin firma resultó más determinante por lo que unió —una alianza de republicanos, catalanistas, gallegos y socialistas que hasta entonces habían competido entre sí— que por el plan concreto que trazó.
Del acuerdo verbal alcanzado en aquel casino de la calle Garibay salieron, además, dos compromisos que marcarían la próxima década española: el reconocimiento de la autonomía catalana, que cristalizaría en el Estatuto de 1932, y una fractura entre republicanos y monárquicos que ya no tendría marcha atrás. Ninguno de los presentes aquella mañana de agosto de 1930 podía saber que, ocho meses después, estarían gobernando España. Tampoco podían imaginar que, cinco años más tarde, muchos de ellos se encontrarían en trincheras políticas opuestas cuando la República que habían fundado juntos se rompiera en una guerra civil.
